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La Ley de Prevención y Lucha contra la Marginación (Ley 116/2002)
La Ley de Apoyo Público a los Jóvenes de las Zonas Rurales (Ley 646/2002)
La Ley de Aprendizaje en el Lugar de Trabajo (Ley 279/2005, reimpresa en 2012), modificada por Ley
164/2017.
Ley nº. 333/2006 - sobre Establecimiento de Centros de Información y Asesoramiento para Jóvenes
La Ley de Juventud (Ley 350/2006)
Orden nº .90 / 24.02.2014 de Estrategia Nacional Anual de Información y Asesoramiento Juvenil 2014
La Estrategia Nacional de Política Juvenil 2015-2020

Las principales medidas de política para el empleo juvenil, de acuerdo con la Ley de

Empleo y Desempleo, Ley no. 76/2002, y el Plan Nacional de Garantía Juvenil incluyen: • los
jóvenes graduados desempleados (de educación secundaria o terciaria) tienen derecho a un
bono de empleo de 500 lei (alrededor de 110 euros) • empleadores de jóvenes graduados
desempleados (de educación secundaria o terciaria) tienen derecho a un subsidio estatal
mensual por 12 meses de 900 lei (unos 200 euros) • los empleadores de jóvenes
desempleados vulnerables tienen derecho a un subsidio estatal de 1000 lei (unos 220 euros) •

todos los desempleados (incluidos los jóvenes) que están empleados a más de 50 kilómetros
de su hogar tienen derecho a una bonificación de movilidad de aproximadamente 15 000 lei
(aproximadamente 3 300 euros) • todas los desempleados (incluidos los jóvenes) que
cambian de residencia para encontrar un trabajo tienen el derecho a un bono de movilidad de

alrededor de 3500 lei (alrededor de 770 euros) • los centros de evaluación de competencias
pueden acceder a la financiación y proporcionar competencias gratuitas y evaluaciones de
habilidades a los jóvenes.

Existen medidas especiales para el empleo de jóvenes con discapacidades en Rumanía e
incluyen ayudas técnicas, deducciones o exenciones fiscales especiales, beneficios flexibles
por incapacidad y pensiones de invalidez (que permiten el trabajo a tiempo parcial), acuerdos
de trabajo flexibles. El empleo de jóvenes con discapacidades es más estimulado por los
arreglos de cuotas. Se requiere que las organizaciones e instituciones públicas y privadas que

tienen más de 50 empleados contraten al 4% de las personas con discapacidad o paguen una
multa mensual equivalente al monto del salario bruto mínimo por cada puesto vacante. Los
empleadores que contraten personas con discapacidad durante al menos 18 meses reciben
incentivos financieros (salario bruto mínimo pagado por 12 meses por contrato de trabajo),

pero, si los empleadores deciden rescindir el contrato de trabajo, deben devolver todo el
dinero y la tasa de interés correspondiente. Cuando son contratados, los empleados con
discapacidades no pierden los subsidios por discapacidad ni los subsidios para la persona de
apoyo, recibiendo también una reducción de impuestos por su salario. La política del
mercado laboral se considera bastante útil para las personas discapacitadas, ya que las apoya
para hacer frente a los cambios rápidos y reducir los períodos de falta de empleo. También la

seguridad social es mayor para las personas con discapacidad que para todos los demás.